El Gobierno debe delinear estrategias para erradicar la minería ilegal; "nos están ganando la batalla", dice exgobernador de Sucumbíos
Desde el domingo, 1.500 efectivos de unidades especiales e inteligencia se movilizaron a la provincia de Orellana, tras el asesinato de los 11 militares en el sector de Alto Punino. En el sitio, los uniformados realizaron un cerco táctico del área y operaciones de reconocimiento ofensivo para dar con los responsables del crimen, ocurrido el viernes 9 de mayo. Así lo informó el comandante del Ejército, Herny Delgado.
De acuerdo con el general Delgado, no se descarta la posibilidad de una filtración de información acerca de los operativos militares que se tenían previstos en contra de la minería ilegal en la zona.
Este lunes, el Ejército identificó al sujeto abatido durante la emboscada en el alto Punino, en Orellana, que dejó 11 militares asesinados. Se trata de alias 'Compadre', quien se desempeñaba como operador de los Comandos de la Frontera en Ecuador. El sospechoso era responsable del control de actividades de minería ilegal en el país, así como del cobro de vacunas a los mineros que operan en la región. De acuerdo con el comandante Henry Delgado, alias 'Compadre' mantenía una alianza con 'Los Lobos', y estaba al mando de al menos 30 guerrilleros fuertemente armados con fusiles, lanzagranadas, explosivos y otros equipos de combate avanzados.
Para Darío Domínguez, exgobernador de Sucumbíos, el Gobierno debería delinear estrategias para erradicar la minería ilegal. Señaló que, ante la posibilidad de que existan filtraciones de información de inteligencia o cooptación de organizaciones criminales en entidades estatales, quienes manejen la toma de decisiones con datos relevantes deben ser personas externas.
Domínguez destacó la importancia de coordinar mesas de seguridad nacional y una mesa nacional de minería con la inclusión de un equipo especializado que maneje la información desde fuera, es decir, que no pertenezca a la comunidad y evite así estar contaminado con el crimen organizado.
A esto, dijo, debería sumarse la creación de un marco jurídico para que, quienes aspiren invertir en minería, lo hagan dentro de las exigencias de la ley y sancionen a los responsables en caso de contaminar el ecosistema. Esto, para, según Domínguez, reducir el margen de acción y aprovechamiento de estructuras ilícitas.
"Nos estamos quedando sin la Amazonía. Nos están ganando esta batalla", lamentó.
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