Consulta popular en la mira
El Ecuador se encuentra en medio de un intenso debate político y jurídico tras el anuncio del presidente de impulsar una Asamblea Constituyente. Emilio Suárez, abogado constitucionalista, fue invitado a El Gran Musical para analizar el alcance de este proceso, sus riesgos y sus implicaciones en el futuro del país.
En la entrevista, Suárez explicó que el gobierno ha emitido varios decretos (148 y 153) que plantean la convocatoria a consulta popular. La Corte Constitucional, en su primer control, ya determinó que existe la vía para convocar a una Constituyente, pero aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta, los considerandos y el estatuto.
Riesgos señalados por el experto:
Inseguridad jurídica: Una Constituyente paraliza el marco legal vigente hasta que se apruebe un nuevo texto, lo que genera incertidumbre en inversiones y en la estabilidad institucional.
Costos económicos: El proceso podría costar entre 200 y 240 millones de dólares, una cifra preocupante en el contexto de crisis que atraviesa el país.
Riesgos políticos: No hay garantía de que el bloque del gobierno logre mayoría en la Asamblea ni de que la ciudadanía apruebe posteriormente el texto constitucional.
Tiempo de ejecución: Aunque el estatuto fija 180 días, redactar una nueva Constitución podría extenderse más de un año, lo que implica un freno a otras políticas.
Impacto social: El proceso reabre divisiones y puede profundizar tensiones, especialmente si se percibe como una apuesta política más que una necesidad nacional.
Suárez destacó que es fundamental que el gobierno transparente sus objetivos y explique qué cambios específicos pretende introducir. Además, recordó que una Constitución no se diseña para un gobierno, sino para un país y debería mantenerse vigente durante décadas.
La ciudadanía, finalmente, tendrá la última palabra en las urnas, tanto en la consulta popular de noviembre como en el referéndum que aprobaría o no el nuevo texto constitucional.