Augusto de la Torre advierte sobre el futuro de las pensiones en Ecuador
Desde el punto de vista financiero, las pensiones representan uno de los principales problemas del Seguro Social. Sin embargo, De la Torre advierte que, en términos sociales, la situación más difícil está en la salud. Uno de los factores que presiona al sistema es el envejecimiento de la población: cada vez hay más adultos mayores en relación con las personas que trabajan y aportan. Según explicó el economista, hace diez años había nueve aportantes por cada jubilado; actualmente, la relación se ha reducido a cuatro y medio. Este cambio era previsible, pero el modelo fue diseñado para funcionar con una cantidad mucho mayor de afiliados activos frente a quienes reciben una pensión. La situación se sostuvo hasta alrededor de 2015, cuando la población todavía era más joven.
Para De la Torre, el problema no se explica únicamente por las decisiones de los gobiernos. También influyeron los cambios en los beneficios y en los aportes, así como el diseño del sistema. El economista cuestiona la idea de que la pensión equivale simplemente al promedio de lo que una persona aportó durante su vida laboral: en muchos casos, el valor recibido supera las contribuciones realizadas, por lo que existe un subsidio que también depende de recursos estatales. Además, considera que las reglas actuales pueden generar incentivos inadecuados, como el caso de una persona que llega a los 60 años, aporta durante diez años y luego accede a una jubilación, de acuerdo con los requisitos vigentes para esa modalidad. Por ello, sostiene que se debe revisar la relación entre los aportes y los beneficios.
Entre sus propuestas está ampliar progresivamente de cinco a veinte años el período de ingresos que se toma en cuenta para calcular la pensión y aumentar gradualmente el número de aportes necesarios para jubilarse, sin elevar la edad de jubilación. También plantea establecer una relación más razonable entre lo que cada afiliado contribuye y lo que recibe, revisar el subsidio estatal —con un límite de referencia de tres puntos del producto interno bruto (PIB)— y dirigirlo prioritariamente a quienes tienen menores ingresos. Otra alternativa es incentivar que las personas con mayores ingresos puedan utilizar el fondo de cesantía como ahorro para la vejez. A esto se suma la necesidad de reformar el Código del Trabajo para facilitar que más personas se incorporen al sistema y que la afiliación y los aportes obligatorios se cumplan.
Para el economista, vender activos no resolverá por sí solo el problema: algunos bienes planteados para la venta no podrían comercializarse o generarían recursos poco significativos frente al déficit.
El cambio, reconoce De la Torre, tiene un costo político alto, pero considera que sería todavía más grave llegar a un punto en el que no se puedan pagar las pensiones. Por eso, afirma que toda reforma necesita consenso social y que el respaldo de los jubilados será fundamental para sostenerla. También insiste en que el Gobierno debe liderar el proceso, porque no habrá una transformación de esta magnitud sin una decisión política clara.