Juan Carlos Salvador analiza estas transferencias
Salvador explica que los bonos deben entenderse como un piso de protección social y no como una solución definitiva a la pobreza. Señala que estas transferencias necesitan complementarse con acceso a educación, servicios sociales y oportunidades laborales para generar mejores condiciones de vida. En sus apuntes, el economista ubica la pobreza estructural alrededor del 40%.
El expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha considera que la discusión tampoco debería reducirse a si los bonos son buenos o malos, ni a si se entregan cerca de un proceso electoral. A su criterio, lo importante es evaluar si están correctamente dirigidos y si cumplen con los objetivos para los que fueron creados.
Durante el Gobierno de Daniel Noboa, además de los programas existentes, se incorporó Jóvenes en Acción, una iniciativa que contempló un bono mensual de USD 400 para jóvenes participantes. Para Salvador, en este caso también es necesario medir si la iniciativa realmente está contribuyendo a mejorar el empleo juvenil.
El especialista advierte que entregar una transferencia mensual no garantiza por sí sola que una persona salga de la pobreza, acceda a educación o consiga un empleo. Por eso plantea encontrar un paquete de medidas que permita identificar las brechas de la población y combatirlas de manera integral.
También cuestiona que las personas puedan acostumbrarse a recibir un bono sin que existan condiciones para ahorrar, invertir o utilizar esos recursos en algo productivo. En este contexto, recuerda que el presupuesto destinado a este tipo de ayudas alcanza los USD 1.300 millones y sostiene que los bonos deben funcionar como un incentivo, no como la única respuesta del Estado.
Para Salvador, entonces, la pregunta no es solamente si es pertinente entregar bonos, sino si se cumplen las condiciones administrativas para atender de manera adecuada a determinado sector de la sociedad.
Los bonos forman parte del Presupuesto General del Estado y, por ello, deben ser evaluadas por su impacto y sostenibilidad fiscal, más allá del momento político en que se entreguen.
El objetivo, insiste, debería ser que estas ayudas permitan a las familias avanzar hacia mejores oportunidades y no convertirse únicamente en un ingreso que se repite sin resolver las causas de fondo de la pobreza.