¿Cómo avanza el concurso para Fiscal General de la Nación?
Benavides sostiene que el proceso comenzó tarde, prorrogando en funciones a Diana Salazar y Wilson Toainga. A su criterio, esto se debió a la falta de acción oportuna del CPCCS para iniciar el concurso.
Sobre la etapa actual, explica que se han resuelto las impugnaciones ciudadanas y 21 postulantes quedaron fuera, mientras cinco siguen en competencia. Sin embargo, la decisión aún puede cambiar: después de recibir la notificación, los aspirantes afectados tienen tres días para presentar una apelación. El Pleno del CPCCS deberá resolver estos recursos en única y definitiva instancia. Benavides considera que nombres como Daniella Camacho y Walter Samno Macías podrían tener una oportunidad de regresar al proceso si sus apelaciones son aceptadas, pues, según señala, obtuvieron puntajes importantes, incluso superiores al del actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien ahora ocupa el primer lugar de la lista.
Uno de los principales cuestionamientos del abogado tiene que ver con la transparencia. Tras revisar la página web del CPCCS, afirma que la información sobre las impugnaciones no está disponible de manera completa y que la ciudadanía debería poder conocer con claridad los argumentos presentados contra cada aspirante. También cuestiona la experiencia de algunas personas que presentaron objeciones y de quienes participan en las decisiones del concurso. Como ejemplo, menciona la impugnación contra Camacho presentada por un joven tatuador. A estas observaciones se suma el pedido de nulidad presentado el 7 de octubre por la Veeduría Ciudadana, que retiró su respaldo a las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección y pidió al CPCCS revisar el proceso por presuntas irregularidades.
Benavides sostiene que existen motivos para cuestionar los plazos, los cambios en el cronograma y la forma en que se tramitaron las impugnaciones. No obstante, aclara que la nulidad no es automática: debe ser resuelta por la instancia competente y, si los participantes consideran vulnerados sus derechos, podrían recurrir a una acción de protección, según las circunstancias de cada caso.
Por ahora, el concurso continúa y el calendario podría modificarse únicamente ante circunstancias extraordinarias. Benavides señala que la siguiente etapa incluye una prueba teórica con más de 3.000 preguntas elaboradas por un comité de académicos, cuya conformación considera importante conocer, además de una evaluación práctica.
Según las proyecciones que menciona, en noviembre deberían conocerse los resultados finales y posteriormente realizarse la posesión del nuevo fiscal general en la Asamblea Nacional; estas fechas, sin embargo, dependen del desarrollo del proceso.
Para el abogado, la importancia de esta elección va más allá de designar a una autoridad: la Fiscalía dirige investigaciones penales, incluso en casos que involucran a personas con poder político, como el presidente o los asambleístas. Por eso, insiste en que quien ocupe el cargo debe actuar con independencia y no utilizar la institución para favorecer a aliados o perseguir a adversarios.