"Concursete" para Fiscal genera dudas sobre transparencia y legitimidad
En El Gran Musical, nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Oyarte con quien analizaremos el cuestionado concurso para Fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que realmente sucede?.
Oyarte señala que se suele culpar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el concurso, pero recuerda que existe una Comisión Ciudadana que es la que realmente organiza y ejecuta el proceso. "No se sabe cómo llegan quienes integran esa comisión", advierte.
Para el jurista, el problema de fondo es que en el país se ha vuelto común que altos funcionarios aparezcan sin trayectoria visible.
"Salen de debajo de una piedra", afirma, al referirse a candidatos poco conocidos que aspiran a cargos de gran relevancia.
Aunque los requisitos formales incluyen ser ecuatoriano, tener al menos diez años de experiencia profesional y presentar méritos académicos, Oyarte cuestiona la autenticidad de algunos títulos. Sostiene que hoy en día ciertos "cartones" de maestrías pueden conseguirse con facilidad, lo que no necesariamente garantiza capacidad real.
A su criterio, quien aspire a dirigir la Fiscalía debería ser una persona conocida, con trayectoria comprobada y reputación sólida, porque con el tiempo suelen salir a la luz casos de corrupción que afectan la credibilidad institucional.
El abogado también advierte que el proceso puede volverse largo e ineficaz, debido a impugnaciones y "la impugnación de la impugnación", lo que retrasa la designación del nuevo Fiscal.
En paralelo, mencionó otras controversias legales, como las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional del Ecuador, entre ellas la relacionada con la prefecta Paola Pabón por la reforma al COOTAD, el abogado mencionó que Pabón debe esperar a que se resuelvan otras demandas incluida la que está en su contra por la tasa de vialidad.
Sobre la tasa de recolección de basura y las demandas de inconstitucionalidad por esta, recordó que desde reformas impulsadas en la época de Rafael Correa se estableció que no se puede cobrar este valor en planillas de servicios básicos (como luz o agua), porque no guardan relación directa.
Para Oyarte, el país necesita procesos transparentes y funcionarios que lleguen por mérito real, no por "palancas", si se quiere recuperar la confianza en las instituciones.
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