¿Cuál tiene que ser el papel de la Corte Constitucional?
En entrevista para El Gran Musical con Christian del Alcázar Ponce, el abogado constitucionalista Ismael Quintana desmitifica el rol de la Corte Constitucional en medio de la controversia generada por la suspensión provisional de artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo. Desde una perspectiva histórica y jurídica, Quintana explica que el poder ilimitado es un peligro para las libertades ciudadanas, y que por eso la Corte existe como un contrapoder legítimo, no como enemigo del gobierno.
En su análisis, recuerda que la historia ha demostrado cómo la concentración del poder, sin controles ni límites, representa un riesgo para los derechos fundamentales. La Constitución -señala-, no es un obstáculo, sino un pacto ciudadano que establece límites claros para el ejercicio del poder. En ese marco, la Corte Constitucional no crea esos límites, simplemente garantiza que se respeten.
La reciente decisión de suspender disposiciones de las leyes de Integridad Pública, Solidaridad e Inteligencia no responde, como ha sostenido el Ejecutivo, a una agenda política, sino al ejercicio de una atribución legal vigente desde 2009. Lo excepcional —explica— es que la Corte haya acogido la solicitud de suspensión, ya que en la mayoría de casos similares suele rechazarla o ignorarla.
Quintana destaca que el problema de fondo radica en la forma en que estas leyes fueron tramitadas. Bajo el mecanismo de urgencia económica, se incorporaron reformas que excedían ampliamente su objeto original. Esto dio lugar a normas confusas y, en ciertos casos, incompatibles con la Constitución. Entre los puntos más delicados, menciona la autorización de interceptaciones sin orden judicial, el indulto anticipado sin proceso previo y la posibilidad de que el presidente declare unilateralmente un conflicto armado interno, sin ningún control constitucional.
Frente a las acusaciones del gobierno, que responsabiliza a la Corte de obstaculizar la lucha contra el crimen, Quintana es enfático: atribuirle a una institución judicial la responsabilidad del aumento de la violencia es no solo incorrecto, sino peligroso. La Corte no ha derogado las leyes; ha suspendido provisionalmente disposiciones específicas, como medida de precaución mientras se analiza su constitucionalidad.
Aun cuando señala que la Corte ha incurrido en ciertos excesos interpretativos y mantiene sesgos ideológicos en decisiones pasadas, Quintana defiende su independencia como una de las garantías más importantes del Estado constitucional. En este sentido, respalda la idea de establecer un mecanismo de control político para sus miembros, siempre que esté claramente delimitado y no vulnere la autonomía judicial.
Su conclusión es categórica: el respeto a la Constitución y la existencia de contrapesos no debilitan a la democracia; la fortalecen.