Crisis de seguridad en Ecuador
Peñafiel sostiene que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. A diferencia de las décadas de los 90 o de los 2000, asegura que hoy los grupos de delincuencia organizada captan cada vez más niños y adolescentes para cometer delitos de extrema gravedad.
Ante este escenario, recuerda que durante su paso por la Asamblea Nacional presentó una reforma para crear un sistema híbrido de juzgamiento de adolescentes infractores. La propuesta planteaba que quienes cometieran delitos como asesinatos, sicariato, femicidio o hechos relacionados con el narcotráfico recibieran un tratamiento penal más severo, sin llegar a ser juzgados exactamente igual que un adulto. El objetivo era endurecer las penas de forma gradual, respetando los derechos de los menores, pero respondiendo a la gravedad de estos delitos.
Uno de los cambios que proponía la reforma era que, si un adolescente ingresaba a un centro para menores y alcanzaba la mayoría de edad mientras cumplía su sanción, fuera trasladado a un centro penitenciario para adultos para completar la pena. Actualmente, explica, eso no ocurre y el infractor permanece en el mismo centro de adolescentes.
Peñafiel señala que su iniciativa no prosperó porque no se aprobó la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia durante el periodo en que el Legislativo era controlado por el correísmo.
También cuestiona el sistema vigente de medidas en contra de los menores infractores, pues considera que, aunque contempla el internamiento, no existe una verdadera rehabilitación y muchos de estos centros terminan convirtiéndose en "escuelas del crimen". Recuerda que las sanciones para adolescentes no superan los cinco años, un esquema que, a su criterio, fue diseñado cuando los menores cometían principalmente delitos menores y no participaban de forma activa en estructuras del crimen organizado.
Para el exlegislador, enfrentar este problema requiere cambios profundos y no únicamente reformas penales. Considera necesario modificar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), fortalecer la Función Judicial para evitar la infiltración del crimen organizado y replantear la política de seguridad del Estado.
Si bien insiste en que los derechos de niños y adolescentes deben respetarse, sostiene que no pueden anteponerse a la protección de toda la sociedad.
Además, se mostró favorable a la figura de los jueces sin rostro para combatir a las organizaciones criminales, aunque reconoce que toda persona tiene el derecho de conocer quién la juzga. Como alternativa, plantea que estos jueces puedan operar desde embajadas ecuatorianas en distintos países, resguardando su ubicación para garantizar su seguridad e independencia.
El debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes continúa abierto en Ecuador, mientras las cifras de participación de menores en delitos vinculados al crimen organizado mantienen la preocupación de las autoridades y de la ciudadanía.