Límites legislativos

La Asamblea está para pedir respuestas, no para felicitar al Gobierno, afirma Roger Celi

La llegada de un nuevo liderazgo temporal a la Asamblea Nacional ha reabierto el debate sobre el verdadero papel del Legislativo. ¿Debe respaldar las decisiones del Ejecutivo o convertirse en un contrapeso del poder? Para Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, la respuesta es clara: la principal responsabilidad del Parlamento es fiscalizar para garantizar que las instituciones funcionen correctamente y protejan los derechos de los ciudadanos.

Celi explica que existía expectativa por el cambio en la dirección del Legislativo, especialmente por la experiencia política de Esteban Torres. Sin embargo, sostiene que lo importante no es facilitar el trabajo del Gobierno, sino ejercer un control efectivo sobre sus acciones. 

"El Parlamento es la institución que necesita mayor inteligencia jurídica, política e institucional", afirma. En ese sentido, considera que uno de los procesos que marcará esta nueva etapa será el trámite del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, actualmente en marcha dentro de la Comisión de Fiscalización.

El especialista recuerda que la fiscalización tiene límites establecidos por la Constitución. La Asamblea puede controlar la gestión de ministros y otras autoridades del Gobierno Central mientras ejercen sus funciones, pero no puede fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), precisamente porque gozan de autonomía.

Tampoco tiene sentido jurídico iniciar procesos políticos contra autoridades que dejaron sus cargos hace varios años, pues esos casos corresponden a la justicia ordinaria. De igual manera, aclara que un legislador sí puede presentar denuncias ante la Fiscalía cuando detecta posibles irregularidades, pero esa actuación la realiza como asambleísta y no como una atribución institucional de la Asamblea.

Para Celi, la fiscalización no debe centrarse únicamente en destituir autoridades. "Cortar la cabeza de una institución no soluciona el problema", señala, al recordar que los cambios de funcionarios no necesariamente corrigen las fallas estructurales del Estado.

A su criterio, el objetivo del control político debe ser mejorar el funcionamiento de las instituciones para garantizar derechos y elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, insiste en que un Parlamento fuerte no es el que aplaude al poder, sino el que exige respuestas, investiga con responsabilidad y fortalece la democracia mediante un control efectivo e independiente.

Escucha la entrevista aquí: 

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