Los cambios que plantea la nueva Ley de Aviación Civil en Ecuador
Ruiz explica que para quienes trabajan en la aviación era necesario actualizar la normativa, debido a que el sector cambia constantemente y Ecuador corría el riesgo de quedarse atrás frente a otros países. A su criterio, uno de los principales aportes de la nueva ley es reunir en un solo documento normas y reglamentos que anteriormente estaban separados, lo que podría facilitar su aplicación y cumplimiento.
Un ejemplo es la compensación para pasajeros afectados por vuelos retrasados o cancelados: Ruiz señala que estos derechos ya existían, pero ahora quedan incorporados dentro de la nueva normativa, sin embargo explica que también deben existir cambios en la Ley de Defensa del Consumidor y el papel de la Defensoría del Pueblo. La Asamblea señala que la nueva ley incorpora mecanismos relacionados con la suspensión o interrupción de viajes y los reembolsos.
Otro de los puntos que destaca el experto es la política de cielos abiertos. Ruiz explica que esta posibilidad existe en el mundo desde hace décadas y que, con la nueva normativa, las aerolíneas internacionales podrían tener la oportunidad de realizar vuelos dentro de Ecuador, por ejemplo, en una ruta como Quito-Guayaquil. El artículo 92 del texto aprobado permite que los vuelos comerciales dentro del territorio nacional sean operados también por compañías extranjeras, previa autorización. Esto podría abrir la puerta a nuevos operadores, aunque Ruiz considera necesario analizar primero cómo se comporta la demanda de vuelos nacionales. La norma también busca aprovechar aeropuertos que actualmente tienen poca o ninguna operación y promover nuevas rutas y frecuencias.
En cuanto a los precios, Ruiz señala que la legislación aeronáutica no establece directamente las tarifas de los vuelos, pero considera que una mayor competencia podría ayudar a evitar situaciones de abuso de mercado y precios excesivamente altos.
La nueva normativa también plantea cambios en la administración de determinados aeropuertos. El experto explica que el Gobierno Central busca tener mayor participación en su gestión y que se plantea llegar a acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados que actualmente administran aeropuertos, respetando los contratos de concesión existentes. La Asamblea confirmó que el proyecto establece mecanismos para la gestión de aeropuertos y fortalece el papel del Estado en la planificación y control del sistema aeronáutico.
La nueva ley también incorpora otros temas, como la regulación y registro de drones, el fortalecimiento de la Dirección General de Aviación Civil y una Junta Investigadora de Accidentes con autonomía.
El proyecto todavía debe pasar por el Ejecutivo: el presidente puede sancionarlo, objetarlo total o parcialmente o disponer su publicación. Ruiz estima que, si supera ese proceso, la nueva normativa podría entrar en vigencia en los siguientes meses; la fecha efectiva dependerá del trámite constitucional correspondiente.
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