Minería ilegal en Ecuador

Una actividad que causa un daño silencioso, contamina ríos, impulsa crimen y desafía al Estado

La minería ilegal en Ecuador se ha extendido más allá de zonas remotas y ahora afecta al ambiente, a comunidades y a la seguridad del país, advierte María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería Ecuador. Según la experta, esta actividad no es un problema aislado, sino un desafío que exige respuestas urgentes desde el Estado y la sociedad.



En El Gran Musical, nos acompaña María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador. Con ella hablaremos sobre la situación de la minería en Ecuador y  la delincuencia organizada que está detrás de esta actividad.

Silva señala que la minería ilegal, muy distinta de la minería informal de antes, se ha vuelto más difícil de rastrear porque quienes la realizan actúan de forma nómada, sin ubicación fija y evadiendo controles.

Esta falta de orden y presencia institucional ha permitido que el fenómeno avance sin freno, dejando un impacto ambiental grave en zonas naturales como ríos y bosques, donde la contaminación por mercurio, cianuro y otros residuos tóxicos es cada vez más visible en provincias como Napo, El Oro y Loja.

La presidenta de la Cámara de Minería recuerda que la minería ilegal no es un problema lejano, sino algo que termina afectando a toda la sociedad. Además de la contaminación, la actividad está ligada a grupos delictivos organizados que operan en varias provincias y generan una rentabilidad diaria considerable, lo que hace que el Estado pierda control de amplias zonas del país. 

Silva también alerta sobre la complicidad y falta de control dentro de las mismas instituciones. Según ella, en algunos casos la minería ilegal prospera con permisos o falta de supervisión de las autoridades mineras, y el sistema judicial no siempre actúa para frenar estas prácticas. Esto se suma a la corrupción y debilidad institucional que, en su visión, han creado un contexto en el que la actividad ilegal florece sin consecuencias claras para quienes la impulsan o permiten.

Para la experta, enfrentar este problema requiere acción coordinada entre instituciones estatales, justicia, organismos de control y la sociedad. No basta con operativos aislados: es necesaria una política pública que combine control territorial, sanciones efectivas y programas de desarrollo que ofrezcan alternativas económicas legales. 

Escucha la entrevista aquí: 

Loading...