Letal operativo policial en Brasil deja más de 100 fallecidos
132 fallecidos dejó la masiva operación de la policía brasileña en Río de Janeiro. Durante la semana, funcionarios de la Defensoría Pública recorrieron las favelas en Peña, uno de los focos de la operación, para verificar la identidad de los cadáveres. El Gobierno de Río de Janeiro informó que la operación derivó en 113 detenciones, 10 adolescentes retenidos, 118 armas incautadas, 14 artefactos explosivos y 1 tonelada de droga.
El operativo, señalado como el más grande de la historia de Río de Janeiro y el más letal, movilizó a 2500 agentes en la zona norte de la ciudad y tenía como objetivo el arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotráfico del país.
Entre 150 y 200 soldados argentinos reforzarán la vigilancia en la frontera con Brasil luego del amplio operativo policial. Los militares ya se encuentran en la ciudad de Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones, fronteriza con el estado de Santa Catarina, donde cuentan con equipo de protección y comunicaciones, radares, drones y dos helicópteros de apoyo, según detalló el Ministerio de Seguridad.
Agregó que los militares están llevando a cabo tareas de reconocimiento en el territorio y se mantienen en coordinación con fuerzas de seguridad federales y provinciales.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó elevar al máximo el nivel de alerta en toda la franja fronteriza con énfasis en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, instruyendo el refuerzo de personal y medios materiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección de Migraciones.
Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció el pasado jueves la creación de un consorcio para integrar sus políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que dieron un espaldarazo a la cuestionada operación policial.
El llamado 'Consorcio de Paz' permitirá a los gobiernos regionales intercambiar información y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales, para discutir acciones y estrategias conjuntas de combate al crimen organizado.
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