Caso Asfalto de Oro: así operaría el presunto esquema de adjudicación irregular de contratos viales en la empresa de Obras Públicas de Quito
Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) revelan un esquema de adjudicación de obras que sumaría aproximadamente USD 65 millones en contratos de asfaltado, mantenimiento vial e infraestructura en la capital.
La alerta sobre esta supuesta estructura surgió a partir de una labor de fiscalización impulsada por el concejal capitalino Michael Aulestia, quien presentó ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias formales por los delitos de peculado y lavado de activos.
De acuerdo con los hallazgos recabados, la red operaba mediante la constitución de consorcios integrados por personas naturales y jurídicas interconectadas. Este mecanismo se habría diseñado para eludir la prohibición establecida en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el cual prohíbe adjudicar un nuevo contrato a un proveedor mientras mantenga otro en proceso de ejecución.
Asimismo, el rastreo documental reveló que en estas licitaciones participaban de forma repetitiva las mismas comisiones de evaluación, los mismos fiscalizadores y los mismos servidores públicos de la empresa municipal. El expediente penal se sustentó tras procesar la información solicitada a la EPMMOP —cuya respuesta tardó mes y medio— y contrastarla con las bases de datos del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y de la Superintendencia de Compañías.
Allanamientos y funcionarios municipales bajo sospecha
Como parte de las diligencias para recopilar elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en las dependencias del Municipio de Quito y de la EPMMOP. El proceso penal está dirigido específicamente contra tres funcionarios de la administración capitalina:
- Un alto directivo de la EPMMOP
- Una funcionaria vinculada al despacho de la Alcaldía
- Un servidor satélite que prestaba servicios profesionales en diversas empresas metropolitanas.
Aunque la Fiscalía intervino oficinas dentro del Palacio Municipal, se aclaró que el alcalde Pabel Muñoz no figura como denunciado directo en esta causa, explicándose que la inspección al despacho respondió a la presencia de la funcionaria investigada que laboraba en esa dependencia. Pese a que los implicados continúan en sus cargos por no existir un impedimento legal, desde la concejalía se solicitó a la autoridad municipal la separación preventiva de dichos servidores mientras duran las investigaciones, a fin de garantizar la transparencia institucional y el respeto al debido proceso.
Deslinde de otros procesos
Frente a las posturas de sectores que atribuyen las acciones judiciales a un cálculo político debido a la cercanía de las elecciones seccionales de noviembre, en entrevista en Notimundo a la Carta, Aulestia enfatizó que las denuncias responden estrictamente al tiempo institucional que tomó procesar la voluminosa información entregada por la EPMMOP y al deber legal de poner en conocimiento de la justicia cualquier presunto delito.
En esa misma línea, Aulestia desmarcó el caso «Asfalto de Oro» de otras causas judiciales de connotación nacional, como el «Caso Laberinto» y la detención de la excandidata Luisa González.
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