Caso Laberinto

Caso Laberinto: Jahiren Noriega denuncia persecución política y Andrés Castillo exige transparentar fondos

La detención de Luisa González por el caso Laberinto desató un cruce político entre la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, y el legislador oficialista Andrés Castillo. Noriega calificó el procedimiento de ilegal y denunció una presunta persecución política contra la oposición, mientras Castillo pidió respetar la independencia judicial.

Este 22 de octubre, la detención de la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la madrugada en la parroquia Canuto, Manabí, para la formulación de cargos por presunto lavado de activos en el denominado caso Laberinto, generó reacciones y desacuerdos políticos.

En Notimundo Estelar, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, y el asambleísta por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, expusieron visiones opuestas sobre la legalidad de la aprehensión, la imparcialidad del sistema de justicia y el financiamiento de las campañas electorales.

Jahiren Noriega: "Es una detención ilegal en medio de un patrón de persecución política"

Desde la perspectiva de la bancada de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Jahiren Noriega calificó el procedimiento contra Luisa González como una detención "ilegal e ilegítima". Según la legisladora, este operativo responde a una reacción del Gobierno Nacional ante su incapacidad para solucionar las graves crisis energética, económica, de salud, educación y seguridad que afectan al país. 

Ella aseveró que la acción judicial forma parte de un esquema sistemático de persecución contra la oposición política y líderes territoriales de gran arraigo en sus jurisdicciones, mencionando las acciones judiciales contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, la descalificación del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y los procesos abiertos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

En su alegato, Noriega expresó una total desconfianza en el sistema de justicia e impugnó la fundamentación técnica de la causa. Explicó que durante diez meses la Fiscalía investigó el denominado Caso Caja Chica basándose de forma exclusiva en la versión de Santiago Díaz Asque —a quien calificó como un "violador condenado" beneficiado con prebendas penitenciarias— sin lograr presentar una sola prueba objetiva de lavado de activos. 

Ante la falta de evidencias en dicho expediente, la asambleísta sostuvo que la Fiscalía procedió a "montar" el Caso Laberinto mediante un nuevo allanamiento sin elementos de convicción sólidos.

Asimismo, Noriega denunció irregularidades en el procedimiento de captura en Manabí. Señaló que mantener a González retenida en un recinto militar vulnera el precepto constitucional que exige una sentencia ejecutoriada para ello. Argumentó además que la prisión preventiva resultaría una medida profundamente desproporcionada, pues la excandidata posee plenos arraigos sociales y familiares al ser la tutora legal de su hijo de 12 años, el sostén económico de sus padres de la tercera edad (uno de ellos paciente de diálisis tres veces por semana) y al haber regresado voluntariamente al país tras cumplir compromisos internacionales en México, Uruguay y España. 

Andrés Castillo: "Debemos respetar la independencia judicial; el origen de los fondos debe transparentarse"

En contraste directo, el asambleísta oficialista Andrés Castillo remarcó la importancia de respetar la división de poderes e insistió en que corresponde a la Fiscalía y a la Función Judicial fundamentar y resolver las razones del proceso penal. Castillo aclaró que en la causa penal ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional constituyen partes procesales.

El legislador de ADN sostuvo que la Revolución Ciudadana históricamente ha tenido serias dificultades para justificar el origen lícito de los recursos aplicados al financiamiento de sus campañas políticas. 

Frente a las denuncias de persecución esgrimidas por la oposición, Castillo desestimó dichos señalamientos tildándolos de "el típico San Benito" de esa organización política, argumentando que la oposición suele alegar dictaduras y represalias judiciales en lugar de presentar pruebas objetivas que descarguen los cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos. 

En relación al abandono del pleno de la Asamblea por parte del bloque correísta, el asambleísta lo calificó como un "show político", contraponiendo que mientras esa bancada se retiraba, los legisladores de ADN continuaron trabajando en proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía.

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