Dictan prisión preventiva contra Luisa González por presunto lavado de activos en el caso Laberinto
Un juez de la causa acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, el exasambleísta Santiago Díaz y la secretaria del movimiento RETO, Wendy Onofre, en el marco del denominado caso Laberinto.
Dentro de la misma diligencia, la autoridad judicial resolvió otorgar medidas sustitutivas —consistentes en presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico— a Estefanía Molina, responsable económica del proceso electoral de 2023, al constatar que tiene bajo su cuidado a un hijo cuya condición de salud requiere de su presencia continua.
La instrucción fiscal busca esclarecer un presunto delito de lavado de activos derivado de inconsistencias e inyección de recursos no declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la contienda presidencial de 2023.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, se habría diseñado un entramado de personas jurídicas para canalizar cerca de USD 500.000 en gastos publicitarios y proselitistas sin transparentar el origen lícito de los fondos ni la identidad de los aportantes reales.
La hipótesis de la entidad fiscal sostiene que dichos montos habrían provenido de actividades ligadas a la comercialización ilegal de hidrocarburos e intermediaciones asociadas a empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Tras la resolución comunicada por las autoridades judiciales, la excandidata se pronunció a través de sus canales oficiales para catalogar la acusación de "absurda" y denunciar que la medida cautelar representa una violación a sus derechos y un acto de persecución política en su contra.
En contraposición, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, aseveró que el proceso judicial responde al deber de investigar fondos no justificados y cuestionó el manejo de cientos de miles de dólares en efectivo al margen de los controles de la ley electoral.