Gilda Alcívar revela presunta red de corrupción en el Ministerio de Educación que habría cobrado hasta USD 5.000 por nombramientos
Tres funcionarios del Ministerio de Educación fueron detenidos durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en una red de corrupción dedicada a la venta de puestos de trabajo y al cobro irregular por trámites dentro de la institución. Uno de ellos fue detenido para la formulación de cargos y los otros dos, con fines investigativos.
En entrevista con NotiMundo Estelar, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, explicó que el operativo fue el resultado de una investigación conjunta que se extendió durante varios meses y en la que participaron el Ministerio de Educación, la Secretaría General de Integridad Pública, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Así operaba la presunta red de corrupción
La intervención se ejecutó en la planta central de la institución, en Quito, y permitió la detención de tres funcionarios de las áreas de mantenimiento y servicios generales. Sin embargo, según Alcívar, los sospechosos formarían parte de una estructura ilícita que operaría desde hace más de 15 años y mantendría vínculos con analistas administrativos y personal con acceso a plataformas informáticas para alterar calificaciones en concursos de selección. La red también tendría conexiones en varias provincias del país.
"Estos funcionarios ingresaron en el 2010 y en el 2011 respectivamente. Es decir que tienen más de 15 o 16 años trabajando en el Ministerio, de gobiernos anteriores", aseguró Alcívar.
Sobre el mecanismo de corrupción, la ministra señaló que los involucrados exigían pagos de entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de puestos de trabajo. Además, indicó que las pericias financieras detectaron movimientos bancarios inusuales por más de USD 1 millón en una cuenta vinculada a uno de los sospechosos. Según la funcionaria, los fondos fueron congelados y quedaron a disposición de la Fiscalía.
Alcívar sostuvo que las investigaciones no se limitarán a los presuntos coordinadores de la red, sino que también alcanzarán a las personas que pagaron para acceder a nombramientos en el sector público.
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