Veeduría del concurso de Fiscal pide ser recibida por el CPCCS y advierte con una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la última palabra para avanzar en el concurso para Fiscal General del Estado. El organismo deberá sesionar para resolver el futuro de las impugnaciones aprobadas por la Comisión Ciudadana de Selección en contra de 21 postulantes. El Pleno será el encargado de determinar si todos ellos son descalificados y se mantienen cinco apenas.
La veeduría del concurso observa con preocupación el desarrollo del proceso. En NotiMundo Estelar, el coordinador Guido Egas, cuestionó que en la sesión de la Comisión Ciudadana en la que se calificaron las impugnaciones, la delegación de observación no fue notificada para presenciar la diligencia. Esta etapa, dijo, fue la "gota que derramó el vaso".
"La decisión fue tomada a puerta cerrada. No sabemos la metodología ni los parámetros ni qué es lo que influyó para que 21 aspirantes hayan quedado al margen", dijo.
Egas cuestionó que el 80% de las impugnaciones contra Daniella Camacho y Maritza Romero, las mejores puntuadas, hayan sido aprobadas. Esto, mientras la objeción contra Carlos Alarcón, el fiscal subrogante, no prosperó por la ausencia de su interpelante.
"Estamos eligiendo al menos peor puntuado de la parte inferior", sostuvo.
A lo largo del concurso para Fiscal, la veeduría ha presentado cerca de 50 oficios ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para alertar sobre las irregularidades en el proceso. Sin embargo, no existe una respuesta hasta el momento.
Dos últimos documentos fueron presentados en los últimos días. El primero, según Egas, busca que los miembros de la Veeduría sean recibidos por el Pleno del CPCCS para advertir sobre la no convocatoria a la sesión de la Comisión Ciudadana. Y, el segundo, para solicitar que sea el Consejo el encargado de verificar la información de los postulantes y descalificar a quienes incumplan con requisitos.
De no existir una respuesta desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Egas anunció que la Veeduría podría optar por una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
"Se evalúa esa posibilidad. Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no nos recibe para tomar cartas en el asunto, el siguiente paso de la veeduría es este", sentenció.
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