Lentitud, desorden y corrupción dispara la crisis de medicamentos en el país, alerta Fundación Ciudadanía y Desarrollo
En NotiMundo Estelar, Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que la situación de los usuarios del sistema de salud es crítica, marcada por una escasez persistente de fármacos e insumos médicos. Según dijo, acudir a una farmacia de un hospital público suele tener como respuesta habitual un contundente: "no hay medicamentos".
Altamirano señaló que esta carencia no es solo un problema administrativo, sino una crisis sanitaria que afecta directamente a personas con enfermedades como diabetes o cáncer. Agregó que un tercio del gasto en salud está siendo asumido directamente por los pacientes y sus familias, muchos de los cuales se ven obligados a endeudarse para costear tratamientos que deberían ser cubiertos por el sistema público y el seguro social.
El déficit abarca medicinas esenciales como insulinas, antibióticos y antivirales, lo que impacta en el bienestar de miles de ecuatorianos. Uno de los factores más graves, indicó, es la inexistencia de un sistema unificado de trazabilidad e inventarios. Actualmente, los hospitales registran su stock en hojas de cálculo manuales, un método vulnerable a errores, manipulaciones y fallas de control. Este manejo precario impide conocer con certeza qué medicamentos hay disponibles, cuál es su estado o si están próximos a vencer.
El coordinador advirtió que la falta de un sistema robusto también facilita actos de corrupción. Sin mecanismos de monitoreo efectivo —dijo—, "mafias y grupos irregulares han capturado el sistema durante años". Indicó que aunque algunas autoridades han sido procesadas por irregularidades en la compra de medicamentos, todavía no se concretan soluciones estructurales.
A este escenario se suma la lentitud y burocracia de los procesos de contratación pública, que obliga a recurrir con frecuencia a compras por emergencia, evidenciando la falta de planificación. Altamirano también mencionó que existen proveedores que incumplen con la calidad de los productos o con los tiempos de entrega, profundizando una crisis que se arrastra desde la pandemia.
Finalmente, enfatizó que la nueva gestión política con la vicepresidenta a cargo del Ministerio de Salud debe impulsar la voluntad política necesaria para implementar cambios reales. Entre las alternativas, destacó la posibilidad de integrar modalidades de contratación basadas en riesgo compartido, donde el pago de los medicamentos dependa del resultado clínico en el paciente, priorizando así el beneficio sanitario por encima de la simple eficiencia administrativa.
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