Subsidios a los combustibles en Ecuador: un modelo insostenible que genera distorsiones económicas y alto costo fiscal
En NotiMundo a la Carta, Oswaldo Erazo, secretario de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo explicó que estos subsidios, aunque deberían ser temporales y dirigidos a sectores específicos, se han mantenido por más de cinco décadas en el país. Señaló que, lejos de responder a criterios técnicos o financieros, su administración ha estado marcada por decisiones políticas vinculadas a cálculos electorales.
Uno de los principales problemas, según el experto, es el efecto distorsionador que generan en el mercado. A esto se suma el contrabando hacia países vecinos como Perú, donde el combustible alcanza precios considerablemente más altos, lo que incentiva su salida ilegal. También advirtió que estas condiciones pueden favorecer actividades ilícitas en zonas fronterizas, como la minería ilegal y el narcotráfico.
Erazo indicó además que el Estado destina recursos significativos a este sistema cerca de 160 millones de dólares mensuales solo en diésel automotriz bajo ciertos esquemas, fondos que podrían orientarse a sectores prioritarios como salud o educación. A esto se añade, dijo, un problema de consumo ineficiente y un mayor impacto ambiental debido a precios artificialmente bajos.
Otro efecto señalado es el cambio en los hábitos de consumo: la diferencia entre combustibles como la gasolina súper y la extra provoca que muchos usuarios opten por opciones subsidiadas de menor calidad, lo que puede afectar el rendimiento de los motores y aumentar la contaminación.
En el ámbito estructural, el analista cuestionó la limitada inversión en infraestructura energética y en la exploración de nuevas reservas petroleras. Asimismo, criticó la inestabilidad en la administración de empresas públicas del sector, donde los cambios frecuentes de autoridades dificultan la planificación a largo plazo.
Finalmente, sostuvo que el país debería avanzar hacia un modelo más sostenible, impulsando alternativas como el gas natural y los biocombustibles, con el fin de reducir la dependencia de importaciones y mejorar la eficiencia energética. En su criterio, el esquema actual resulta insostenible y, en última instancia, es la ciudadanía la que termina asumiendo el costo mediante sus impuestos.
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