Agilizar los procesos de extinción de dominio es clave en el combate al crimen organizado, según exdirector de la UAFE
Uno de los puntos clave de la Ley Antimafias, que irá a primer debate en la Asamblea Nacional, es la extinción del dominio. Según el oficialismo, la normativa propone procesos abreviados y excepcionales en bienes que sean perecibles incautados a organizaciones criminales. Con esto, se busca que el Estado haga uso de los inmuebles decomisados y podrían, en un futuro, servir de manera estratégica.
Para Alan Sierra, exdirector general de la UAFE, la ley es positiva en su mayoría, pues agilizar los procesos de incautación de bienes y extinción de dominio. Sin embargo, dijo, se requiere de una correcta aplicación para tener los efectos deseados.
"A la ley le falta mucho", alertó.
A su criterio, la normativa no anticipa nuevas modalidades para evadir el control del lavado de activos. Existe la posibilidad, dijo, de que organizaciones criminales creen estructuras para canalizar el dinero mal habido, más allá de la compra de bienes e inmuebles.
Una de las opciones para esto, señaló, son las empresas fachada que comercializan bienes y productos que se financiaron con dinero ilícito. El riesgo de esto, alertó Sierra, es que se crean operaciones existentes de clientes que no son reales, y se mezclan con proveedores que no tienen participación en el esquema de lavado.
El desafío de la ley, mientras avanza al segundo debate, será fijar una metodología para discernir los vínculos ilegales y separar a quienes son parte de la estructura, y quienes no tienen una participación activa. Pero en este protocolo, insistió, es necesario que la empresa privada conozca con quién se entabla una transacción y a sus clientes.
"No se trata que la empresa diga: es problema de Estado, o que el Estado diga: metamos a todos a ver qué pasa", dijo.
Otro aspecto importante a incorporar en el proyecto, según Sierra, es no confundir conceptos como depósitos e ingresos. Explicó que, al hablar de depósitos, existe un carácter financiero total, mientras que los ingresos son valores declarados ante el SRI.
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