Control Politico
Durante su intervención, Stalin Raza, abogado de Godoy, cuestionó el testimonio de Ramiro García, señalando que este ejerció la defensa de Aquiles Álvarez en el denominado caso Triple A y que no forma parte de las acusaciones planteadas en el juicio político. Por su parte, García acusó a Godoy de presuntas injerencias en el tribunal que conocía ese caso y denunció presiones a jueces.
Jorge Peñafiel recordó que en la anterior Legislatura se intentó impulsar un juicio político contra Godoy que no prosperó.
Además, enfatizó que la llegada de Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura contó con el respaldo de ADN y del correísmo.
El juez Carlos Serrano fue convocado con un día de anticipación; sin embargo, no asistió ni de forma presencial ni virtual, por lo que su comparecencia fue postergada para el viernes 6 de febrero.
En NotiMundo A La Carta, la exvocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes aseguró que las pruebas presentadas en el juicio político son "demoledoras" y contradicen la defensa de Godoy, quien, según dijo, intenta descalificar las críticas calificándolas de débiles.
Goyes enfatizó las denuncias sobre presuntas presiones al juez Serrano. Aunque Godoy niega cualquier participación, afirmó haber entregado documentación administrativa que demostraría la actuación directa del funcionario en la conformación de tribunales para favorecer a procesados.
Además, señaló un posible conflicto de intereses, ya que la esposa de Godoy habría ejercido la defensa de líderes del crimen organizado y de mafias internacionales, como la albanesa y la serbia. Pese a haberse retirado formalmente de algunas causas al contraer matrimonio, mantuvo activa su casilla judicial hasta octubre de 2025, lo que, según Goyes, sugiere que seguía recibiendo información de procesos mientras su esposo presidía el organismo encargado de la administración de justicia.
Finalmente, Goyes sostuvo que la confianza pública en el sistema judicial está fracturada y que Godoy ya no puede dirigir la justicia porque, a su criterio, ni la Corte Nacional, ni el Ejecutivo ni la ciudadanía confían en su probidad. Subrayó que el juicio político no es solo un trámite legal, sino un examen de ética pública, y que mantenerlo en el cargo enviaría un mensaje de tolerancia frente a la penetración del crimen organizado en el Estado.
Hizo un llamado a todas las bancadas a escuchar el clamor ciudadano y votar a favor de la destitución, al considerar que este caso representa un punto de quiebre para el país.
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