El CPCCS en el centro de las criticas tras cuestionamientos por sus concursos
Alarcón recuerda que han pasado 18 años desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, en 2008, que estableció el CPCCS como parte del sistema de participación ciudadana y le encargó la designación de varias autoridades. A su criterio, la institución no ha cumplido adecuadamente sus objetivos y sus concursos han estado rodeados de cuestionamientos por presuntas irregularidades, falta de información y posibles vínculos políticos de algunos de sus integrantes.
El analista sostiene que existen dudas sobre la aplicación de los criterios para calificar méritos e impugnaciones: considera preocupante que, en determinados casos, se acepten observaciones contra unos postulantes, mientras que en otros no, y que algunos candidatos terminen mejor posicionados que otros sin suficiente claridad sobre las decisiones.
Uno de los temas que más preocupa a Alarcón es la demora en la designación del fiscal general del Estado. Según señala, la nueva autoridad debió asumir en abril de 2025 y el país lleva alrededor de un año y medio con un reemplazo temporal. El proceso sigue en marcha en octubre de 2026.
También cuestiona la situación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Defensoría del Pueblo, instituciones cuya renovación considera pendiente desde hace años.
El analista también cuestiona que, durante más de tres meses, el Consejo haya mantenido sesiones virtuales, pues considera que esta modalidad puede dificultar el control ciudadano y ha estado rodeada de episodios polémicos. Entre ellos menciona el caso de la fotografía que relacionó al consejero David Rosero con una postulante al concurso para fiscal general, un asunto que llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El 5 de octubre, esa comisión recomendó al Pleno continuar con el juicio político contra Rosero por un presunto conflicto de intereses; se trata de un proceso político, no de una sanción definitiva.
Alarcón advierte, además, que algunos consejeros cuestionados buscan la reelección en los comicios de noviembre.
Para Alarcón, la controversia también refleja la distancia entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Señala que existe poco interés en la elección de los consejeros y observa que algunos colectivos promuevan el voto nulo, mientras otros impulsan votar por listas, pese a que las candidaturas no corresponden a partidos políticos.
A su juicio, la falta de confianza en las organizaciones políticas y la posibilidad de votar en contra de una opción antes que por convicción son señales preocupantes para la democracia.
Su crítica es contundente: considera que el CPCCS no tiene razón de existir en su forma actual y sostiene que una transformación de fondo tendría que discutirse mediante una Asamblea Constituyente. Por ello, plantea abrir un debate nacional sobre cuál sería la mejor alternativa para reemplazar o reformar esta institución.