Los jóvenes deben tener 12 años para hacerlo

Fallo abre la puerta para que adolescentes cambien su género en la cédula

Un reciente fallo de la Corte Constitucional del Ecuador marca un antes y un después en el país: adolescentes entre 12 y 17 años ahora podrán rectificar el género en su cédula de identidad. Para Annabell Guerrero Pita, esta decisión representa un avance en derechos y reconocimiento de la identidad.

En El Gran Musical, tras el fallo de la Corte Constitucional que permite la rectificación del género en la cédula de identidad desde los 12 años de edad, nos acompaña Annabell Guerrero Pita, directora del Centro de Justicia y Género para ampliar más sobre este tema, que incluso se está ya fiscalizando en la Asamblea Nacional. 

Según explica la experta, antes este trámite solo podía realizarse a partir de los 18 años, pero ahora la Corte establece que los adolescentes podrán hacerlo desde los 12 años, siempre que estén acompañados por sus padres y cuenten con informes psicosociales elaborados por profesionales como psicólogos o trabajadores sociales. 

Para Guerrero, este cambio es importante porque reconoce la autonomía y autodeterminación de los jóvenes en el desarrollo de su identidad.

La directora del Centro de Justicia y Género sostiene que esta medida permite a los adolescentes identificarse de acuerdo a cómo se sienten y cómo desean ser reconocidos en la sociedad. A su criterio, esto contribuye a su bienestar emocional y social, ya que les da la posibilidad de vivir de forma más coherente con su identidad. 

Además, señala que en países como Argentina ya existen normativas similares, incluso sin exigir informes psicosociales, lo que muestra que este tipo de medidas no son nuevas en la región.

En medio del debate, también se ha generado una discusión en la Asamblea Nacional del Ecuador sobre la fiscalización de este fallo. Sin embargo, Guerrero considera que esto sería un error, ya que implicaría una intromisión en funciones que no le corresponden. 

Aclara que el tema puede debatirse o plantearse como una posible reforma, pero no someterse a un proceso de fiscalización. 

Para la experta, este tipo de decisiones deben enfocarse en garantizar derechos, aunque también advierte que existen otros temas prioritarios que la Asamblea debería atender.