La justicia ecuatoriana frente al crimen organizado
Hoy en El Gran Musical junto a Carlos De Tomaso, abogado constitucionalista, hablamos sobre el Consejo de la Judicatura, los escándalos que rodean a esta institución y qué se puede hacer para cambiar esta realidad y tener verdadera independencia judicial.
De Tomaso compara la situación actual con "jugar un partido sin arquero". Aunque la Policía y las Fuerzas Armadas capturan a cabecillas de bandas criminales, la justicia no responde con la misma fuerza.
El resultado es un sistema que se siente roto y que deja a la ciudadanía en una constante sensación de inseguridad. A esto se suma que entidades como la UAFE han detectado más de 1.500 millones de dólares en dinero irregular y han entregado la información a la Fiscalía, sin que se vean acciones concretas posteriores.
Uno de los puntos más críticos, según el jurista, es la falta de autoridades titulares. Actualmente, el país cuenta solo con un fiscal encargado, una situación que se ha prolongado por más de un año y medio debido a que el CPCCS no ha logrado designar a un nuevo Fiscal General. Para De Tomaso, no se puede justificar la inacción: los errores deben corregirse, pero el Estado no puede quedarse paralizado mientras la violencia avanza.
El abogado también se refirió a los cuestionamientos dentro de la Judicatura, como el caso de Mario Godoy, cuya renuncia ha sido solicitada por varios colegios de abogados tras audios filtrados que evidenciarían presiones a jueces. A su criterio, Godoy estaría esperando el juicio político antes de dar un paso al costado. Mientras tanto, la justicia sigue debilitada y expuesta a intereses externos.
Finalmente, De Tomaso reconoce que los acuerdos y viajes internacionales del Presidente han sido positivos para dar señales de estabilidad a los inversionistas y destaca la gestión de la Cancillería.
Sin embargo, insiste en que la solución de fondo pasa por una reforma estructural del sistema judicial. Entre sus propuestas está eliminar el CPCCS, al que considera ineficiente, aunque advierte que cambiar la Constitución vía reforma toma tiempo y que las consultas populares muchas veces terminan siendo un termómetro político del gobierno de turno, más que un debate real sobre los cambios que el país necesita.
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