Ley de Integridad Pública suma nueva demanda de inconstitucional
El conflicto en torno a la Ley de Integridad Pública sumó un nuevo capítulo este 23 de julio de 2025, cuando el sector cooperativista expresó su rechazo a lo que consideran una imposición: transformarse en bancos.
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) ingresó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional el pasado 4 de julio, en contra de la normativa y su reglamento, que fue oficializado recién el 22 de julio.
Uno de los puntos más controversiales es la disposición transitoria décimo primera, que otorga un plazo de tres meses a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria para definir qué cooperativas deberán cambiar su estructura legal. Sin embargo, esa Junta aún no ha sido conformada.
Según el abogado André Benavides, asesor jurídico de Asofipse, el organismo debería quedar establecido entre el 26 y 27 de julio. Por lo tanto, las decisiones sobre qué entidades deberán convertirse en bancos recién se conocerían hacia finales de diciembre.
El sector cooperativista alega que esta medida vulnera su naturaleza jurídica, limita el acceso inclusivo a servicios financieros y atenta contra el modelo solidario que rige su funcionamiento.
