"modernizar, sanear y depurar", el reto que enfrenta la justicia ecuatoriana
Hoy en la entrevista de El Gran Musical, conversamos con el abogado constitucionalista Salim Zaidán sobre los cambios que se debe realizar en la justicia para recuperar la confianza ciudadana.
Zaidán señala que la prioridad debe ser "modernizar, sanear y depurar" una Función Judicial que, asegura, se encuentra debilitada por el desprestigio de varias de sus principales autoridades. Como ejemplo menciona el caso de Mario Godoy, que no solo afectó su imagen personal, sino también la del Consejo de la Judicatura.
Para el experto, los constantes escándalos de corrupción han provocado que la ciudadanía pierda la confianza en el sistema judicial, algo que considera gravísimo en un país golpeado por la inseguridad y el crimen organizado.
En este contexto, destaca la llegada de Mercedes Caicedo a la presidencia de la Judicatura, a quien reconoce por su formación académica, experiencia y trayectoria dentro de la carrera judicial. Sin embargo, advierte que el verdadero reto será mantener independencia frente al poder político.
Según Zaidán, si la nueva autoridad quiere recuperar la confianza ciudadana, deberá actuar con una "prudente distancia" del Ejecutivo y garantizar que los jueces puedan emitir fallos libres, únicamente basados en la Constitución y no bajo presiones externas o intereses de grupos criminales.
El abogado también alerta sobre la dura realidad que atraviesan las unidades judiciales del país. Asegura que existe un grave déficit de jueces y falta de presupuesto, al punto de que en algunas dependencias "ni siquiera hay una resma de papel". Esto, explica, provoca retrasos en los procesos y una justicia lenta que termina afectando directamente a los ciudadanos. Además, insiste en que el número de jueces debería calcularse de acuerdo con la cantidad de habitantes y carga procesal de cada zona.
Para Zaidán, el desafío que enfrenta la justicia ecuatoriana es enorme, pero necesario. Considera que, si existe verdadera voluntad política, el Ejecutivo debe limitarse a garantizar recursos y permitir que la Función Judicial trabaje con total autonomía. Solo así, afirma, se podrá reconstruir la institucionalidad, combatir la corrupción y devolverle a la ciudadanía algo que hoy parece perdido: la confianza en la justicia.
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