¿Puede Ecuador combatir al crimen organizado sin instituciones fortalecidas?
Piedra considera que la Ley Antimafias es solo una arista de la respuesta y que el problema de fondo es la falta de comprensión integral de la criminalidad. Aunque reconoce que las medidas aprobadas por la Asamblea son positivas, advierte que modificar las leyes no equivale a construir instituciones eficientes.
A su criterio, existen cuellos de botella: La Fiscalía, la Policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario deben trabajar de manera coordinada para investigar los delitos, reunir pruebas suficientes, formular cargos y lograr que los procesos judiciales avancen. También cuestiona cuánto tiempo tardan los juicios y qué ocurre con las personas que finalmente deben cumplir una condena. A su criterio, la justicia todavía tiene una deuda importante con el país.
Uno de los principales problemas, explica, es la falta de coherencia entre las exigencias de la Ley Antimafias y los recursos que reciben las instituciones. Como ejemplo, señala la proforma presupuestaria de 2027, en la que observa reducciones para entidades como el SNAI, la Policía y la Fiscalía. En el caso del sistema penitenciario, llama la atención sobre la disminución de recursos cuando el país necesita construir una nueva cárcel, incorporar tecnología y fortalecer las labores de inteligencia. Según su análisis, apenas quedaría un 4,15 % para el fortalecimiento del SNAI.
La experta advierte que la ley exige resultados, pero no estaría acompañada de un presupuesto suficiente: "Si se hacen exigencias para que las instituciones rindan, se necesita también un presupuesto que acompañe esto".
La especialista también cuestiona que el aumento de penas sea visto como una solución directa a la criminalidad, pues considera que no existe una relación automática entre condenas más largas y una reducción de los delitos. Señala que las organizaciones criminales incluso utilizan a niños y adolescentes para cometer actos ilícitos, por lo que la respuesta también debe incluir al sistema educativo. Desde su perspectiva, las escuelas deberían mantener a los estudiantes en actividades hasta las 17:00, esto tomando en cuenta que en muchas ocasiones los niños, niñas y adolescentes pasan solos en casa lo que puede llevarlos a pertenecer a organizaciones de crimen organizado.
En cuanto al sistema penitenciario, plantea otra pregunta: ¿de qué sirve enviar a más personas a prisión si desde las cárceles todavía se pueden emitir órdenes criminales?. Advierte que continúan registrándose asesinatos coordinados desde estos espacios y cuestiona si el Estado tiene recursos para mantener a personas privadas de libertad durante condenas que pueden llegar hasta los 60 años, como contempla la acumulación excepcional de penas prevista en la Ley Antimafias.
Finalmente, Piedra relaciona las debilidades institucionales con la protección de los candidatos durante los procesos electorales. Cuestiona que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya logrado coordinar adecuadamente con las entidades del Estado para garantizar su seguridad y sostiene que, cuando un candidato recibe amenazas durante un periodo electoral, el organismo debe activar los mecanismos correspondientes.
El tema cobra especial relevancia tras el asesinato de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas, y Christian Rugel, aspirante a concejal, en un ataque armado ocurrido el 9 de noviembre en El Oro.
Para la experta, el asesinato de Fernando Villavicencio en 2023 debió dejar una lección y llevar a establecer protocolos que permitan anticiparse a los riesgos.
Advierte que no se pueden aprobar leyes con competencias que las instituciones no están en capacidad de ejecutar. Por eso, insiste en que Ecuador necesita revisar quiénes están al frente de estas entidades, evaluar los peores escenarios y legislar de acuerdo con las capacidades reales del Estado.
"El Ecuador nos necesita bien formados tomando decisiones", concluye.