¿Qué cambios plantea la Ley Antimafias?
Sobre la Ley Antimafias, Ortega considera que su finalidad es legítima: atacar las estructuras criminales desde las funciones de las personas que las integran, golpear su parte económica y combatir la corrupción dentro del sistema de justicia. La propuesta que pasó el primer debate en la Asamblea contiene 23 artículos, de los cuales 21 reforman el Código Orgánico Integral Penal y dos modifican la Ley de Extinción de Dominio. El proyecto también contempla la persecución patrimonial y medidas sobre los bienes vinculados con organizaciones criminales.
Uno de los cambios que Ortega considera más delicados es el relacionado con los colaboradores externos, entre ellos quienes puedan facilitar a las bandas asesoría financiera, tecnológica, contable o jurídica. En el caso de los abogados, advierte que existe una línea muy delgada: que un profesional realice una consulta o brinde una asesoría no significa, por sí solo, que pertenezca a una organización criminal. La propuesta plantea que la inhabilitación profesional de un abogado ocurra cuando exista una sentencia ejecutoriada, pero Ortega señala que debe revisarse muy bien a quién y en qué casos se aplicaría esta sanción.
El abogado penalista también sostiene que aumentar las penas, por sí solo, no garantiza una reducción de la criminalidad; lo importante es analizar las sanciones de acuerdo con el rango y la función que cumple cada persona dentro de una estructura criminal. También considera necesario revisar la incautación de bienes y diferenciar a socios, accionistas y terceros.
Ortega recalca que el sistema de justicia ecuatoriano no goza de una independencia plena y que toda reforma penal debe estar bajo control constitucional. La ley puede ser necesaria para combatir al crimen organizado, pero, antes de aplicarla, el reto será garantizar que sus herramientas sean constitucionales y evitar persecuciones innecesarias.
Por otro lado, Jorge Luis Ortega también se refirió al regreso de José Serrano a Ecuador, quien fue deportado desde Estados Unidos y ahora debe responder ante la justicia ecuatoriana. Serrano está procesado por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, mientras que la Fiscalía había solicitado en agosto que se iniciaran trámites de extradición en caso de que se decidiera llamarlo a juicio; sin embargo, su regreso se concretó mediante deportación. Ortega considera que la imagen de Serrano al llegar al país puede ser utilizada políticamente para favorecer la línea del Gobierno, pero aclara que no se puede considerar, al cien por ciento, como un logro Estatal.
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