Salim Zaidán afirma que eran necesarias reformas, no una Constituyente
En El Gran Musical, continuamos analizando las preguntas de la Consulta Popular y nos acompañó Salim Zaidán, abogado constitucionalista con quien dialogamos sobre si es positivo o no ir a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución ecuatoriana.
Zaidán explica que la Constitución de 2008 tiene varios errores estructurales y contradicciones, desde un diseño legislativo desbordado con un número exagerado de asambleístas, hasta un excesivo poder para el presidente de la república, incluyendo la influencia directa en la selección de autoridades.
A esto se suma un modelo económico rígido y justicia politizada, elementos que, afirma, requieren correcciones técnicas, no la creación de un texto nuevo desde cero.
Sobre los cambios en el tema de justicia, Zaidán señala que es necesario que la Fiscalía tenga autonomía y se elimine el Consejo de la Judicatura, a cambio, propone la creación de una Escuela de la Función Judicial que se encargue de la selección y evaluación de jueces periódicamente.
El constitucionalista ve con preocupación que, si la consulta popular da paso a una Constituyente, el país volverá a las urnas a inicios de 2026 para elegir a 80 asambleístas constituyentes bajo reglas que favorecen a las mayorías políticas. "El problema es quiénes nos van a representar", advierte, recordando que los requisitos actuales permiten que cualquier persona mayor de 18 años pueda ser constituyente, lo que abre la puerta a candidaturas improvisadas, reciclaje de cuadros partidistas e incluso figuras sin formación jurídica o política.
Zaidán considera que este proceso corre el riesgo de convertirse en una disputa de poder entre Revolución Ciudadana y ADN más que en un ejercicio de fortalecimiento institucional. Además, el país podría tardar hasta 2027 en tener una nueva Constitución, tras 180 días de trabajo constituyente, dos meses de prórroga y un referendo aprobatorio.
"Las Constituciones deben durar; no podemos reescribirlas cada cierto tiempo", afirma. Su llamado final es contundente: si el país decide avanzar hacia una nueva Carta Magna, las listas deben incluir especialistas y conocedores del sistema, capaces de rescatar lo valioso de Constituciones del pasado como la del 98 y corregir lo que hoy limita la gobernabilidad y la justicia del país.
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