¿qué reformas hacen falta?
Peñafiel explica que la trata de personas implica captar, trasladar, recibir o retener a una persona con fines de explotación, dentro o fuera del país, utilizando mecanismos como el engaño, las amenazas o el abuso de una situación de vulnerabilidad. En Ecuador, señala que se han registrado casos de mujeres provenientes de Venezuela trasladadas para explotación sexual y laboral, así como menores de edad que son víctimas de explotación sexual. También menciona el traslado de personas desde la Costa hacia la Sierra.
El abogado recuerda que este delito ya cuenta con sanciones de prisión que pueden superar los 16 años, pero considera que el principal problema está en la falta de ejecución de las normas y de políticas públicas efectivas.
Para el exasambleísta, aumentar el carácter punitivo de la ley no resolverá por sí solo el problema. Considera que el Estado debe fortalecer la inteligencia, asignar presupuesto, garantizar la independencia judicial y mejorar la investigación de las redes vinculadas con el crimen organizado.
También cuestiona la falta de una cooperación internacional clara y de acciones coordinadas en las fronteras. Peñafiel advierte que no se puede esperar que la Interpol resuelva estos casos de manera independiente, ya que su trabajo debe desarrollarse junto con las fiscalías y las policías de cada país.
El abogado diferencia la trata de personas del tráfico ilícito de migrantes. Mientras la trata tiene como finalidad la explotación de una persona, el tráfico ilícito de migrantes consiste en facilitar la migración irregular a cambio de un beneficio económico o material. En este último caso, la persona puede contratar voluntariamente a un intermediario, conocido como coyotero, para trasladarse de un país a otro, aunque eso no elimina los riesgos de abusos, estafas o vulneraciones de derechos.
Peñafiel sostiene que la trata permanece en la sombra frente a delitos como el narcotráfico o la minería ilegal, que reciben mayor atención pública, pese a que afecta directamente a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes.
Entre las medidas que propone está fortalecer los controles y las entrevistas a las personas que ingresan al Ecuador, no solamente en los aeropuertos, sino también en las fronteras terrestres. Plantea preguntar a los viajeros cuál es el motivo de su llegada, a dónde se dirigen, dónde permanecerán y con quién estarán, con el fin de identificar posibles situaciones de riesgo.
También insiste en que las víctimas deben recibir protección sin ser revictimizadas ni obligadas a revivir constantemente las experiencias que atravesaron. Aunque reconoce que las reformas legales pueden ser necesarias, Peñafiel considera que la solución requiere un trabajo conjunto entre las instituciones responsables de las políticas públicas, la Policía, la Fiscalía y los organismos de cooperación internacional.