El Decreto 531 frena las alzas de combustibles e incrementa el costo fiscal de los subsidios a USD 1.355 millones, según Camddepe
Con la entrada en vigencia del Decreto 531 a partir del 12 de noviembre, el Gobierno nacional aplicó una nueva modificación al esquema de fijación de precios de las gasolinas y el diésel en Ecuador.
La medida reemplaza el funcionamiento convencional del mecanismo de bandas —que permitía variaciones de hasta un 5% al alza y un 10% a la baja— por un sistema diseñado para amortiguar los choques derivados de la coyuntura geopolítica internacional.
A través de tres decretos ejecutivos consecutivos, la administración estatal ha forzado la reducción de las tarifas locales en beneficio del consumidor, bloqueando cualquier incremento pese al encarecimiento de los derivados en los mercados globales.
Ajustes ad hoc y cambios en la fórmula de salida
En la práctica, la normativa decretada amplió el margen de la última banda de disminución, la cual oscilaba previamente entre el 0.5% y el 1.5%. Luego de que en el periodo anterior se alcanzara el tope de reducción con una baja de 4 centavos por galón, el Ejecutivo promulgó un ajuste ad hoc con el propósito explícito de concretar un descuento adicional de 5 centavos.
Asimismo, el decreto modificó el parámetro de salida del sistema, desplazando la referencia de cálculo de n-4 a n-5 periodos para hacer técnicamente viable la aplicación del nuevo precio reducido sin salirse del rango de la banda.
La posición de los distribuidores y el impacto presupuestario
Desde la perspectiva del sector distribuidor, el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), Ivo Rosero, advirtió que la medida obedece a una decisión de carácter político antes que técnico.
Si bien el discurso gubernamental prioriza la protección del bolsillo ciudadano, la profundización de estas rebajas incrementa considerablemente la presión sobre las arcas fiscales.
En el caso del diésel, la subvención estatal asciende a USD 85 centavos por galón consumido y se proyecta que aumente a USD 1.90 tras la publicación de las tablas oficiales de Petroecuador. Esta política ha representado un desembolso fiscal de USD 515 millones durante los últimos tres meses, acumulando un gasto total de USD 1.355 millones en lo que va del año por concepto de subsidios.
Como consecuencia directa de estas modificaciones tarifarias, Ecuador registra el segundo precio de combustibles más bajo de América Latina, situándose únicamente por detrás de Venezuela.
Este escenario contrasta con las reformas estructurales emprendidas en la región; en Bolivia, la administración del presidente Rodrigo Paz aplicó un incremento de casi el 80% al diésel para desmontar las subvenciones, mientras que en Perú la gasolina regular ronda los USD 5 y en Colombia los USD 4 por galón.
Ante este panorama, la representación de las estaciones de servicio ratificó la postura gremial de que los subsidios generales son económicamente ineficientes al no beneficiar de forma directa a la población de menores recursos. Esta premisa ha motivado a gobiernos de diversa orientación ideológica en la región, incluidos los de Colombia, Brasil y México, a eliminar de forma progresiva los subsidios a los hidrocarburos.
Tensión geopolítica en Ormuz y proyecciones hacia 2027
La volatilidad del mercado petrolero internacional encuentra su causa en el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una confrontación bélica que se ha prolongado por más de diez meses.
Ante el viraje de la estrategia estadounidense hacia el estrangulamiento económico de Irán, se prevé que la estabilización de las cotizaciones del crudo Brent y WTI podría aplazarse hasta el primer o segundo trimestre del año 2027.
Únicamente cuando se produzca una caída abrupta en los precios internacionales de los derivados, Ecuador estaría en condiciones de desmontar las subvenciones y retornar a un esquema de precios de mercado, tal como ocurrió en los primeros meses del año 2026.
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