Ley de Extradición: los cambios que buscan luchar contra el crimen organizado en Ecuador
Uno de los principales cambios, explica Saquicela, es que el presidente de la República deberá justificar cuando decida negar una extradición que previamente haya sido aprobada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Antes, esa decisión podía tomarse sin necesidad de explicar los motivos.
Además, señala que cualquier delito puede ser objeto de extradición, siempre que esa conducta esté tipificada tanto en el país que solicita la extradición como en el que entrega a la persona requerida.
La nueva ley también establece de manera más clara las funciones de cada institución involucrada en el proceso, otorgando un papel clave a la Cancillería, debido a que los tiempos dependen en gran medida de la cooperación entre los Estados.
El exmagistrado sostiene que esta normativa no debe verse únicamente como una reforma legal, sino como una herramienta para enfrentar al crimen organizado transnacional. Recuerda que, tras la consulta popular de 2024, Ecuador abrió la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos, algo que antes no estaba permitido.
La nueva ley busca reducir los tiempos de los procesos, que en algunos casos llegaban a extenderse entre tres y seis años, además de suspender la prescripción de la prisión preventiva mientras se tramita una extradición.
También mantiene garantías en materia de derechos humanos, como la prohibición de extraditar a una persona cuando exista riesgo de tortura, pena de muerte o violación al debido proceso, así como la exclusión para delitos políticos, salvo aquellos relacionados con terrorismo o crímenes de lesa humanidad.
Saquicela destaca que la aprobación unánime de la ley refleja un consenso poco común en la Asamblea Nacional.
Incluso recuerda que fue invitado, junto con otros juristas y académicos, a presentar observaciones durante el debate en la Comisión de Justicia, siendo una de sus principales propuestas la obligación de motivar las negativas presidenciales a una extradición.
Sobre el Sistema de Justicia en Ecuador, asegura que el país necesita más jueces y fiscales, mayor presupuesto y recursos para reducir la lentitud de la justicia, además de garantizar la independencia y la imparcialidad de los operadores judiciales. Solo así, concluye, será posible recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia de nuestro país.